El pasado 31 de julio, la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza dio media sanción a la “Ley de Movilidad Provincial”, que viene a actualizar la vieja 6082, que data de 1993.
Entre los puntos más destacados de este nuevo proyecto es que contempla la prestación de servicios de transporte por aplicativos, como sería el caso de Uber.
El caso de ésta y otras empresas similares es muy sencillo. A través de un aplicativo, que descansa en la geolocalización, une usuarios que demanden movilidad con conductores dispuestos a aceptar el viaje solicitado, a cambio de un valor predispuesto por la empresa.
Como viene ocurriendo desde que Uber desembarca, sin pedir permiso, en las ciudades, las controversias le siguen. Por un lado, están los que consideran esta ley como innovadora, capaz de resolver los problemas existentes. Por el otro lado están los taxis y remises que se sienten perjudicados y continúan firmes en la posición de no autorizar el funcionamiento de cualquier otro tipo de transporte que no sea el que ellos prestan.
Al margen de las polémicas y para poder abarcar el análisis que propongo, debemos destacar las obligaciones que contempla el proyecto con media sanción.
En primer lugar, considera a los “uberistas” como responsables tributarios, y por ello deben pagar impuestos por la actividad.
Además, exige que deberán ser titulares dominiales de un vehículo radicado en Mendoza, deberán solicitar permiso a la autoridad de aplicación, que será precario y revocable -a diferencia de las licencias de taxis-. La persona deberá tener licencia profesional (D1) y seguro pertinente. Los vehículos no podrán ser más antiguos de 5 años, deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y someterse a inspección vehicular periódica. Los usuarios mantienen el derecho de evaluar a cada conductor, de acuerdo con los estándares de calidad dispuestos por la Empresa de Redes de Transporte.
Finalmente, el proyecto exige que las empresas constituyan domicilio en la provincia de Mendoza y designen un representante con residencia permanente en la ciudad. La ley también obliga a estas empresas a proporcionar a la autoridad de aplicación, sin necesidad de orden judicial previa y en los tiempos que ésta requiera, información relativa a la identidad de los conductores, a los recorridos, al vehículo y montos cobrados, entre otras cosas.
Importante en el proyecto es que el Estado se reserva el derecho de limitar las licencias de Uber, es decir que no serán ilimitadas aun cuando las personas cumplan con los requisitos de la ley.
Como podemos observar, hemos escrito tres párrafos llenos de requisitos y de fuerte intervención estatal en un mercado en el que los usuarios piden desregular. Un mercado que estuvo monopolizado por el Estado durante décadas y que fracasó con mayúsculas.
Entonces, no estamos frente a la regulación de Uber sino frente a un nuevo atropello de la autonomía de la voluntad de las personas, y a la libertad de elegir.
Mucho más que las letras, me gustan los ejemplos. Remontémonos a los remises. Muchos recordarán que su aparición revolucionó el mercado del transporte, al punto que había una remisería en “cada esquina”, como se decía. Los usuarios se movilizaban en remises y los taxis estaban en jaque. Intervino el Estado imponiéndoles requisitos casi similares a los que ahora pretende inponerles a los “uberistas”. Las consecuencias fueron que la oferta de remises cayó año tras año, al punto que es un servicio en vías de desaparecer.
Ello, sin contar que los controles del Estado son ineficientes. Sabemos que por ejemplo 80% de los remises de la capital federal no cumple con la ley. Entonces, ¿qué quiere controlar el Estado? ¿quieren intentarlo nuevamente? ¿cuántas oportunidades necesitan?
El problema de Uber no es jurídico sino filosófico. El servicio sin la más mínima intervención del Estado está funcionando bien, y los usuarios así lo comprueban eligiéndolo por sobre cualquier otro. No existe regulación posible sobre Uber si se trata de eliminar su esencia, si quieren que le venda el alma al Leviatán.
Queridos legisladores de Mendoza, si realmente quieren hacer una ley de avanzada, deberán trabajar más duro, mirar la realidad y las exigencias del mercado. Pero por sobre todas las cosas deben ver los errores de la legislación antigua para no caer nuevamente en lo mismo. No se trata de copiar y pegar y de agregar tecnologías, sino de pensar en algo distinto, en algo real y sustentable. Quizás la solución no sea imponerles controles a Uber sino volver eficiente y competitivo el servicio de taxis.
Nota publicada en el diario Comercio y Justicia.
Abogado Argentino especializado en Derecho informático y Nuevas Tecnologías. Docente e Investigador en UES 21. Director de consumidorenlaweb.com
